Cuando el responsable intenta desviar la investigación

El caso Rocío, demostró una vez que las políticas de protección, garantías y de derechos en la niñez y adolescencia, es ineficiente y mal trabajada, desde un Ministerio, que en los años se transformó en un Mecanismo aceitado de asistencia social, donde técnicos y profesionales son reemplazados de esos lugares por punteros políticos, donde trabajadores que tiene contacto con los niños en las instituciones, no pasan por un proceso de selección, para ver si tienen competencias para trabajar con niños en situación de vulnerabilidad, esto significa que esa falta de control, alguna vez, y si ya lo existió, pudo ingresar un pedófilo en un hogar de menores.

De más estar decir la realidad de los profesionales que trabajan en estos lugares, con sueldos precarios, contratos por monto irrisorios y con una sobrecarga de casos individuales que excede a la capacidad que pueda tener, en el tiempo que le pidan que cumplan, llegando a situaciones de 80 a 100  casos de análisis por profesional, sin elementos que el estado le provea, tiene que poner de su deteriorado bolsillo elementos para el trabajo y cumplir con más horas de lo debería trabajar, realizando tareas que no son parte de un técnico, he aquí la doble trampa, cuando la institución le conviene son profesionales y cuando no le conviene, son empleados que deben obedecer. Tampoco acompaña y da garantía de trabajo de Terreno, al profesional o técnico, para ir a buscar a un menor en situación de riesgo, en lugares donde a veces la Policía no entra, tampoco acompañada, cuando son citados en calidad testigos en casos judicializados, ni lo harán si son en calidad de acusados.

Tampoco los protege en la exposición de ataques, ni amenazas de familiares, en lugares donde rescataron a un niño, buscando que la entrega del menor sea sin violencia.

El estado, tampoco está para acompañar a estos técnicos y profesionales, cuando son presionados por algún Fiscal, que busca que asuman una responsabilidad que no le compete, porque jamás va a existir que una parte del estado condena a la otra parte del estado.

El aumento de la pobreza, la vulnerabilidad social, y las escuelas cerradas desde el año pasado (primer lugar donde se detectan los casos de abuso sexual y violencia), es una máquina perversa que facilita más y más la aparición de casos de niños en situación de calle, con problemas  de consumo precoz de sustancia psico-activas, embarazos no deseados en adolescentes, abuso sexual, violencia y mal nutridos, con un asistencialismo por parte del Estado, que no cura lo más importante: que es el crecimiento y desarrollo normal del Niño/a,  donde un decidor de estos planes asistenciales, en su más perversa ignorancia, realiza entrega de alimentos en hogares que ni siquiera tienen agua potable ni cocina para cocinar esos alimentos.

También está el ver a mujeres, que son «mandadas» a realizar protesta violentas en instituciones policiales, ante la mirada distante de los hombres, esas mujeres, son víctimas del condicionamiento de esa violencia machista, sometidas desde niñas, donde dialécticamente terminan copiando modelos de conducta impuestos de violencia, son víctimas y victimarias, como lo fue quizás la madrina de Rocío, un producto de esa máquina de fabricar modelos de conductas violentas, y vemos una Justicia que le cuesta  imponer una Ley, con la consecuencia que termina siendo una facilitadora de más violencia.

De que sirvieron aquellos programas de alfabetización, de becas, o programas de terminalidad educativa, si aún todavía existen personas como la mamá de Rocío, que no sabemos por qué el Estado no llegó; y si llegó, por qué no cumplió los objetivos de esos programas, pareciera ser, que la violencia también está en el Estado, de convalidar a que siga siendo excluida, y sentenciada con un plan social, mujeres que no saben que tienen derechos constitucionales y conquistas sociales.

Tampoco el Estado, acompañada a las mujeres que son violentadas por el abuso y acoso sexual por parte de hombres que pertenecen al Poder, ningún caso, hasta ahora tiene un fallo judicial, y las vidas de estas mujeres cambiaron para mal, no la están protegiendo, pues, cómo pretendemos que el poder proteja a quien los denuncia.

Hoy buscar culpar mediáticamente a un Profesional Universitario de la trágica muerte de Rocío, es desviar la investigación y buscar la impunidad de los responsables, ya lo hemos visto en muchos casos de muertes provocadas por la desidia de un Estado irresponsable en promover derechos y garantías, no se investiga, al que toma las decisiones, al que ejecuta, ni muchos menos a los responsables políticos del funcionamiento de una institución, y responsables del Poder Judicial.

Hoy es fácil, dar el nombre del profesional del caso, que también es víctima de esa violencia institucional que ejerce el Estado, porque el pueblo pide venganza, porque hay elecciones próximas y porque hay que blindar el sistema para que la impunidad proteja a los responsables, de más estar decir, que con esa facilidad que se filtran nombres de perejiles, no se filtran los nombres de los violadores de niños, el Estado  lo protegen para cubrir sus caras y que tengan las garantías, aquellas  que las víctimas no las tuvieron, y hoy piden Justicia, y lo mandan a un sistema carcelario donde no se rehabilita y donde vuelven a potenciarse a través de la violencia, a cometer graves delitos después de cumplir un breve encierro sin condena o fallo judicial, son hombres, que tiene decenas de causas abiertas, cometiendo los mismos delitos, esos hombres, son funcionales a otro, porque le permite continuar en ese lugar de privilegio.

Esta Pandemia, y este cierre generalizado de las instituciones, es y fue el detonante de muchos casos de abuso sexual en los niños (la mayoría de ellos, sin poder denunciarlos), no todo hoy es muerte por Covid, están esas otras muertes que nos avergüenzan como sociedad, en un Estado, que no nos cuida, solo cuidan intereses individuales y no colectivos.

Pido que la investigación no debe terminar en los asesinos de la niña, debe avanzar y demostrar la responsabilidad política, de un mal funcionamiento institucional de años.

Psic. Roberto González Marchetti

Presidente F.E.P.U.T

Presidente Colegio de Psicólogos de Tucumán