La Mesa de diálogo solicitó al Gobierno Provincial una disminución en la presión fiscal para mejorar el desarrollo del empleo y la economía

Nota La Gaceta 18 de agosto de 2021:

La Dirección General de Rentas afianzó su postura respecto de que Tucumán no es la provincia con mayor presión fiscal de la Argentina y, además, dejó en claro que no modificará el sistema impositivo vigente. Lo hizo a través de un dictamen firmado por la titular del organismo Graciela Acosta, remitido al ministro de Economía, Eduardo Garvich, y puesto en conocimiento de la Mesa de Diálogo convocada por el Arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, para analizar medidas que tiendan a que la provincia sea más competitiva.

La presión impositiva en Tucumán es excesiva y una de las mayores del país y ahoga a la actividad y la iniciativa privada, únicos generadores genuinos de riqueza.  Pero no solo por las altas alícuotas sino por los sistemas de percepción y retenciones que incrementan las tasas efectivas y generan un sin fin de complicaciones que desincentivan a cualquiera que pretenda realizar negocios en la provincia, señaló el grupo de expertos que elaboró el documento “En Busca de Competitividad Fiscal para una mayor Producción, Inversión y Empleo“, elevado al Gobierno en junio pasado. El trabajo consta de una batería de medidas y una imperiosa reforma profunda al sistema impositivo provincial actual.

«El crecimiento económico depende de la creación y desarrollo de un ambiente propicio de negocios que facilite e incentive el surgimiento de nuevos emprendimientos y el crecimiento de los existentes. Desde los pequeños negocios a los grandes emprendimientos, todos sufren de una presión fiscal que paraliza la iniciativa», remarca el documento del Arzobispado.

La respuesta obtenida desde el Ministerio de Economía, a través del documento que firma Acosta, argumenta sobre las bondades del sistema impositivo provincial para una mejor recaudación tributaria y la imposibilidad de su modificación, rechazando una por una las propuestas planteadas. Los argumentos se basan en razones legales y en la necesidad de mantener los gastos del Estado dentro del marco legal, dicen los integrantes de la Mesa de Diálogo. «Sin embargo, sostienen, la idea es aportar a un debate sobre el cambio de las normativas que permitan mejorar la competitividad fiscal, mientras que el organismo recaudador, solo está interesado en cobrar la mayor cantidad posible de impuestos, a un ritmo incluso superior a la inflación y sin que ello signifique que haya aumentado el nivel de actividad.

En su respuesta, Rentas rechaza la existencia de presión fiscal sobre los contribuyentes, indicando que solamente existe para los que pagan los impuestos, mientras que para los que no pagan, la presión fiscal es cero. Antes, de acuerdo con el texto del organismo al que accedió LAGACETA.COM, había indicado que los autores del documento «muestran un es escaso conocimiento de la estructura primaria del principal impuesto (Ingresos Brutos) y, en particular, de la dinámica del régimen del Convenio Multilateral y su fuerte incidencia en la recaudación provincial». La respuesta no cayó bien entre los expertos, que reivindicaron su postura. «En este sentido, decimos que la presión fiscal puede ser directa sobre la empresa o individuos que pagan o no impuestos, pero también indirecta, por la utilización o consumo de bienes y servicios gravados», señalan.

Más aún, la Mesa de Diálogo expresa que, en relación a las medidas o propuestas que se proponen y/o requieren el proyecto y vinculadas a la materia tributaria que tiendan a bajar la carga fiscal, Rentas apunta que “serán analizadas en su aspecto técnico…” y que «la adopción de medidas de la índole de las solicitadas escapan en su mayoría al ámbito de competencia de esa Autoridad de Aplicación, resultando facultad exclusiva del Poder Legislativo Provincial”. Asimismo, respecto de la eliminación de los impuestos a los Sellos y a la Salud  Pública y la exención del Impuesto a los Ingresos Brutos para la exportación de servicios, prevista en el Consenso Fiscal 2017, la Dirección General de Rentas informa que se encuentra suspendida su aplicación y que Tucumán “se encuentra cumpliendo, en tiempo y forma, con la totalidad de los compromisos asumidos en materia tributaria “. Nuevamente, el foco está puesto en la recaudación y no en las consecuencias de una política impositiva que fomente la inversión y el empleo, apunta la Mesa de Diálogo. Advierte, asimismo, en su respuesta, el organismo no tiene en cuenta que existen puntos de aquel Consenso Fiscal 2017 que no fueron suspendidos y que la Provincia aún no los ha implementado o dado cumplimiento, como por ejemplo, “la adecuación del funcionamiento de los regímenes de retención, percepción y recaudación de Ingresos Brutos-Convenio Multilateral, de manera de respetar el límite territorial de la potestad tributaria de las jurisdicciones y evitar la generación de saldos inadecuados o permanentes a favor del o la contribuyente». La Provincia debe “procurar las medidas necesarias en los procedimientos vigentes de cada Jurisdicción a efectos de aplicar mecanismos de devolución automática, compensación o transferencia de créditos del impuesto sobre los Ingresos Brutos a aquellos o aquellas contribuyentes que tengan saldos a favor generados por retenciones, percepciones y recaudaciones, siempre que cumplan con los requisitos específicos del caso en cuestión», expresa el acuerdo de los gobernadores.

Con respecto a este punto, la Mesa de Diálogo en su proyecto en cuestión, solicitó un nuevo sistema y procedimiento para la compensación de deudas con saldos a favor en forma mensual, por la abultada deuda del Organismo a los contribuyentes por la cantidad de retenciones y percepciones. En este marco además se solicitó la creación de un servicio web que sea ágil, transparente y sencillo, que permita realizar compensaciones y devoluciones automáticas, a fin de facilitar el trámite, evitando dilaciones y demoras en sus trámites, para recuperar los saldos a favor. «Esto debe implementarse en forma perentoria, para cumplir con la ley vigente. Los saldos a favor  son un préstamo forzoso de los contribuyentes al Estado Provincial, sin ninguna contraprestación, ni tasa de interés, que compense la falta de devolución del dinero», considera la Mesa.

Con relación a los regímenes de recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos vigentes, el Gobierno tampoco reconoce la alta presión tributaria generada por estos regímenes de retención y percepción, mencionados, en el artículo 231 (bis) del Código Tributario Provincial, que prevé su implementación y tendiente a morigerar la evasión fiscal y la morosidad.

En conclusión, la respuesta oficial fue más en defensa de la situación actual, que abrir la instancia de conversaciones para el intercambio de propuestas impositivas. «Lo que pretende esta iniciativa, es dialogar, encontrar puntos de acuerdo, pensar en salir de la situación actual y mejorar la vida de los tucumanos. Hasta ahora, no se tuvo eco», finaliza la Mesa de Diálogo.