Con una pérdida o daño estimado en la mitad de varios cultivos, la comisión provincial de emergencia se dispone a dictar esa situación, particularmente por los perjuicios causados por el clima en la zona este de Tucumán. El ministro de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padrós, convocó para mañana a los miembros de ese comité para que analicen la viabilidad de esa declaración ante el desastre causado por la seca en los cultivos de la soja, maíz, citrus y caña de azúcar, entre otros. También podría extenderse hacia la ganadería. Además de representantes de los productores, en esa comisión deliberan funcionarios del área productiva y referentes del INTAy de la Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres” (Eeaoc).
Tucumán, a las puertas de una emergencia agropecuaria
En diálogo con LA GACETA, el ministro expresó que los informes preliminares de varios organismos públicos han corroborado que, según inspecciones de campo, el daño en los cultivos ha sido del 50%, particularmente en la región Este provincial. “No es el mismo caso que en el Oeste, donde los cultivos se han podido desarrollar más allá de la seca”, puntualizó el funcionario. De todas maneras, aclaró que si hay productores que han resultado muy afectados se puede acceder a un certificado previo a un estudio de campo o a imágenes satelitales en esas zonas.
A través de la declaración de emergencia, los productores afectados pueden acceder a una serie de beneficios fiscales provinciales, como prórrogas para el pago de impuestos patrimoniales y declarativos. Además, esa normativa provincial se expone en la comisión nacional de emergencias y desastres agropecuarios que, además, puede dictar la emergencia en todo el territorio tucumano. Si ese es el caso, los productores pueden gozar de beneficios impositivos nacionales, la suspensión de juicios de ejecución fiscal, diferimiento de pago de tributos y hasta solicitar el acceso a una línea de financiamiento para tratar de recuperar parte de los cultivos dañados. Simón Padrós, en ese sentido, recordó que hace algunos días el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, había lanzado créditos para este tipo de situaciones a tasas subsidiadas.
Además de la sequía, actualmente está en curso otra emergencia por el efecto de las heladas de noviembre entre los productores vitivinícolas, de algunos frutales, nogales y hortícolas de los Valles Calchaquíes. La provincia había dispuesto una línea de ayuda cercana a los $ 50 millones con el fin de mitigar los efectos de esa situación. En ese aspecto, otros $ 175 millones que enviará el Gobierno nacional estará disponible a partir de la próxima semana, anticipó el ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia. “El clima nos está jugando en contra. Hubo heladas atemporales en los primeros días de noviembre y ahora la seca. Esta es una situación que afecta a más del 55% del territorio nacional”, indicó.
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires había difundido sus estimaciones de producción de soja y maíz para el ciclo 2022/2023, ante la dramática situación provocada por la emergencia climática.
La entidad había previsto que la cosecha de soja sea de 25 millones de toneladas, la cifra más baja desde la campaña 2000/2001. De acuerdo con el último informe de la institución, el clima fue determinante para la drástica baja de la producción sojera. Primero, la sequía que viene golpeando desde junio del año pasado. Luego, se sumaron las heladas tempranas durante febrero. Y, por último, la última ola de calor que azotó al país desde el 27 de febrero, con temperaturas que superaron los 40 grados.
Con rendimientos muy pobres (los más bajos en 22 años) e importantes pérdidas de área cosechable, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires redujo a 25 millones de toneladas la proyección, lo que representa una caída del 42% con respecto al ciclo anterior.
En la misma línea, la Bolsa de Comercio de Rosario también había bajado considerablemente sus estimaciones en soja a 27 millones de toneladas.
Al respecto, la Bolsa rosarina calculó que sólo en los cultivos de soja, trigo y maíz, que constituyen el 87% de la producción de granos en Argentina y el 43% de las exportaciones totales del país, las pérdidas superan los U$S 14.140 millones. Según lo informado por la entidad, esto equivale al costo total de sembrar la próxima cosecha 2023/24 para el productor agropecuario. Pero la menor producción, afecta también a otras actividades asociadas. Si se le suma la menor demanda de fletes, mano de obra y servicios financieros, las pérdidas totales para la actividad económica nacional llegan a U$S 19.000 millones.
“La sequía ya se ha cobrado 3 puntos del PBI argentino estimado para 2023”, señaló la entidad.
La pérdida de ingresos de los agroexportadores inquieta al Gobierno nacional, en medio de necesidades de fortalecer las reservas del Banco Central. Pero también preocupa al sector privado nacional, ya que la falta de divisas implica menos insumos para la producción industrial. En ese aspecto, la cúpula y los referentes regionales de la Unión Industrial Argentina (UIA) analizaron el escenario para lo que resta del año.
Mayores costos
El incremento de costos de producción y de financiamiento, la importancia de dinamizar el acceso a divisas para la adquisición de insumos importados, el costo fiscal sobre el sector formal y el pedido de evitar la creación de nuevas tasas provinciales y/o municipales, fueron algunos de los temas planteados para darle continuidad al proceso productivo.
Durante el encuentro se leyó el informe de la entidad que estima las pérdidas de ingresos por la sequía en U$S 20.000 millones. Esto restringirá más el acceso a dólares para importar insumos.
Luego de que el Gobierno les liberara hace 15 días unos 22.000 permisos de importación, no se escucharon esta vez problemas de funcionamiento de las plantas industriales, en medio de la baja de la actividad económica.
En un comunicado posterior a la reunión, señalaron: “en las últimas semanas hubo caída en las expectativas de producción para los próximos trimestres. El incremento de costos de producción y de financiamiento, la importancia de dinamizar el acceso a divisas para la adquisición de insumos importados, el costo fiscal sobre el sector formal y el pedido de evitar la creación de nuevas tasas provinciales y/o municipales, fueron algunos de los temas planteados para darle continuidad al proceso productivo”.
